UGT reclama la reforma inmediata de las políticas activas de empleo

 Hay que reorientar los incentivos al empleo y mejorar los Servicios Públicos de Empleo y la formación de los trabajadores.

 UGT considera que la reforma más importante e inmediata que se debe acometer es la de las políticas activas. En España, en comparación con los países de nuestro entorno, se destinan muchos incentivos a la contratación y pocos a la formación. Es necesaria la apertura urgente de un proceso de negociación para reorientar el actual sistema de bonificaciones a la contratación, fortalecer y mejorar los Servicios Públicos de Empleo y la formación y cualificación de los trabajadores, orientándoles a los sectores estratégicos del nuevo modelo productivo…

Los Presupuestos Generales del Estado 2010 destinan a políticas activas de empleo 7.782 millones de euros, un 2,45% más que en 2009. El gasto en esta materia está en el nivel medio de los países de nuestro entorno. Sin embargo, el rasgo que nos diferencia es que mientras en España el peso mayor son los incentivos al empleo, en la mayoría de los países se le da más importancia a la formación. Así, en el año 2007, Suecia, España, Bélgica y Portugal fueron los países que destinaron más incentivos al empleo, pero España también se situó en los países de cola en el gasto en formación. Por otra parte, los PGE 2010 destinan 2.820 millones de euros a las bonificaciones a la contratación, 50 millones más que en 2009 (1,79%), mientras que la formación profesional para el empleo se sitúa en 2.432 millones, es decir 77 millones menos con respecto al año anterior (3,07%).

Las medidas de política activa destinadas a impulsar la creación de empleo entre colectivos con dificultades de acceso (jóvenes, discapacitados, mujeres, mayores de 45 años, por ejemplo) pueden tener efectos positivos sobre los mismos pero, en muchos casos, estos empleos, posiblemente, se hubieran creado sin incentivos porque son puestos de trabajo necesarios, con lo que la creación neta de empleo se ve limitada. Al mismo tiempo, se puede producir el efecto de sustitución, al utilizar trabajadores “incentivados” en lugar de otro tipo de trabajadores, independientemente de su cualificación o idoneidad.

Por lo tanto, sería muy importante abrir un proceso de negociación para reformar las políticas activas, de tal forma que favorezcan y permitan la vuelta al mercado de trabajo de aquellas personas que han perdido su empleo y se encuentran en situación de desventaja (personas con baja cualificación; trabajadores especializados en actividades o sectores en declive; personas que han permanecido durante mucho tiempo inactivas, etc. ). Esto exige reforzar y mejorar algunos frentes: como los Servicios Públicos de Empleo y la formación y cualificación de la mano de obra, orientándola hacia los sectores estratégicos del nuevo modelo productivo.

El paro en España no se ha disparado sólo entre personas de menor formación, sino también entre trabajadores con educación secundaria. Por lo tanto, es preciso facilitar los mecanismos adecuados para reorientar sus habilidades y cualificaciones hacia sectores de mayor proyección de demanda de empleo. Así se conseguirá que el proceso de ajuste se acorte, conciliando la cualificación de los trabajadores y las necesidades de la empresa. No obstante, estas políticas tienen éxito si al final del proceso existe un puesto de trabajo que cubrir. No crean empleo pero sí son fundamentales para favorecer su creación.

Para establecer políticas activas adecuadas al momento actual, previamente, es necesario establecer:

· un diseño claro de las diferentes medidas de política activa;

· una clara delimitación de los colectivos específicos con dificultades de inserción;

· un programa de formación que permita anticiparse y adecuar las necesidades formativas al nuevo modelo productivo, apostando por los sectores más innovadores, competitivos y que aporten mayor valor añadido.

Servicios Públicos de Empleo (SPE)

Es necesario seguir ahondando en la modernización de los Servicios Públicos de Empleo. Aunque los Presupuestos Generales de 2010 destinan 93 millones de euros a este fin (un 4% más que en 2009), todavía es insuficiente. Ya que mientras en Europa la proporción de funcionarios y desempleados es de 1 por cada 59, en España la proporción es extremadamente más alta: 1 funcionario por cada 189 desempleados.

Por otro lado, la Ley de Empleo, en su artículo 6, señala como objetivo aumentar la intermediación y captación de oferta de los Servicios Públicos de Empleo. Actualmente, según datos del propio organismo, sólo gestionan el 2% del total de colocaciones.

UGT considera que los SPE deben ser los responsables exclusivos de los itinerarios de inserción laboral personalizada y que los otros agentes que intervienen en el mercado de trabajo (agencias y empresas de recolocación, ETTs, entidades colaboradoras) deben estar, en todo momento, tuteladas y coordinadas por estos Servicios Públicos de Empleo.

Ahora bien es necesario prestigiar, socialmente, los Servicios Públicos de Empleo, mejorando su gestión y su eficacia. Por ello, se deben ampliar las plantillas y formar a los empleados, para que puedan cumplir con eficacia esta estrategia más activa frente al desempleo. Asimismo, es esencial que se coordinen las competencias entre los SPE estatal y autonómicos para garantizar, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades, el derecho a la libre circulación y la unidad de mercado.

Tasa de paro según estudios terminados (2005, 2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa, INE.