El objetivo de esta iniciativa  es “tramitar, una vez recogidas las firmas preceptivas en los nueve meses que hay de plazo, una proposición de ley que responda a la creación de una nueva prestación que sea la última malla de protección sociolaboral para las familias trabajadoras de nuestro país”, según Cándido Méndez.

Los potenciales beneficiarios serían 2,1 millones de ciudadanos y la cuantía de la prestación estaría en el “80% del IPREM, es decir, a día de hoy 426 euros. Pero habría que complementar esa cantidad, por cada miembro de la unidad familiar, con otra que tendrá que especificar el Parlamento y los poderes democráticos”.

Esta nueva prestación “debe estar vinculada a la Seguridad Social, es decir, que dependerá de la Administración General del Estado. Por lo tanto, no estamos hablando de un ingreso mínimo que vaya a sustituir al de las Comunidades Autónomas”.

“Pretendemos resolver de esta forma el gravísimo problema de pobreza laboral y de exclusión social de las familias trabajadoras de nuestro país, que ha aflorado con gran brutalidad con la recesión económica y con la crisis”...